Congreso de los Diputados
Comisión de Industria, Energía y Turismo
Martes, 29 de marzo de 2016
Proposición no de Ley- RELATIVA A LOS
ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA EN LA BAHÍA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señora presidenta.
Son recurrentes en las Cortes Generales
las iniciativas parlamentarias que ponen de manifiesto la preocupación por el
futuro de Navantia que, como todos ustedes saben, constituye una sociedad
pública dedicada a la construcción naval militar, creada en 2005 como resultado
de la segregación de los activos militares de otra empresa pública, el Grupo
Izar. Navantia tiene dos astilleros en Galicia, Ría de Ferrol, Ferrol y Fene,
uno en Murcia, Cartagena, y otros tres en la Bahía gaditana, Cádiz, San
Fernando y Puerto Real, que son hoy objeto de la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista para que se ponga en marcha un
plan industrial que despeje las incertidumbres sobre el inmediato futuro de
estos astilleros públicos de los que dependen miles de puestos de trabajo,
tanto directos como indirectos.
Permítanme que al hablar de los
astilleros tenga un sentido recuerdo para los que formaban un sector muy
potente en Asturias, pero que desde los años ochenta fueron desapareciendo
paulatinamente tras una dramática reconversión y un durísimo ajuste laboral.
Hoy están funcionando, muy bien por cierto, cinco astilleros que dan trabajo a
más de 1.500 asturianos, pero durante muchas décadas giró sobre la industria
naval una parte significativa de la economía de Asturias. De ahí que comprenda
el interés del diputado, señor De la Encina, al exponer su inquietud por una
mayor carga de trabajo y por mantener la competitividad y el empleo de los tres
astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz.
Es sabido que la economía española está
en fase de recuperación, pero también es conocido que los presupuestos en
materia de defensa están muy ajustados. Conclusión: la carga de trabajo en la
construcción naval militar está necesariamente relacionada con el trato y los
contactos de España con los Gobiernos de otros Estados de los que proceden los
pedidos. Los diputados socialistas tienen conocimiento de primera mano de la
enorme complejidad diplomático-comercial, porque, sin ir más lejos, en los años
de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no se consiguieron muchos contratos
para Navantia. La empresa, repito, no es nada fácil. Digámoslo en descargo del
Gobierno del Partido Popular. En este sentido hay que reconocer el esfuerzo y
el empeño del Ejecutivo, actualmente en funciones, para hacer realidad los
contratos que ahora mismo ya tienen garantizada actividad laboral en la Bahía
gaditana para los próximos tres años. A esto hay que añadir que,
afortunadamente, se han ido eliminando importantes obstáculos para el sector
naval español, como lo fue, sin lugar a dudas, una tax lease que el comisario
europeo, señor Almunia, consideró ilegal en 2013, con un grave perjuicio para
nuestros astilleros, aunque el Tribunal de Luxemburgo acabó dando la razón a
España, hace bien poco, por cierto, en diciembre del año pasado, como se acaba
de recordar. Otro gran obstáculo fue la competencia desleal desde países de la propia Unión Europea ,
que acabaron por dar la puntilla a algunos de nuestros más acreditados astilleros,
enviando al paro a miles de trabajadores muy cualificados, profesional y
técnicamente hablando.
Señorías, en Cádiz hay preocupación,
pero también es un hecho muy positivo, y cabe resaltarlo, la unidad política,
sindical y cívica demostrada el pasado mes de febrero con la constitución de la
mesa en defensa del sector naval de la Bahía, en la que todos los participantes
mostraron su disposición a trabajar conjuntamente por el futuro y la
estabilidad de la industria naval como sector público estratégico. Es una
plataforma de unidad muy importante que comparte unos objetivos comunes que no
son diferentes a los que llevó a cabo el Gobierno del señor Rajoy en los
últimos cuatro años. No obstante, ahora la situación política derivada de las
elecciones generales del pasado 20 de diciembre y la inestabilidad que, sin
duda, genera el hecho de que no se haya podido formar Gobierno, es un lastre en
la continuidad de los contactos comerciales con otros países en la búsqueda de
contratos para nuestros astilleros públicos. En todo caso, hay que confiar en
que esta situación de inestabilidad política no impida que se firme el contrato
de cinco corbetas con el Gobierno de Arabia Saudí, que ahora mismo es la gran
esperanza para el inmediato futuro de los astilleros gaditanos.
Concluyo, señora presidenta,
manifestando que en función de las intervenciones del resto de los portavoces
en este debate, votaré en consecuencia. Quisiera escuchar los argumentos de los
demás grupos parlamentarios para tomar una decisión que, en principio, es
favorable, por cuanto aquí se está plasmando una preocupación latente en Cádiz
y en toda Andalucía. Sin embargo, me entran las dudas sobre la oportunidad de
esta proposición no de ley en unos momentos en los que parecía existir un clima
general de acuerdo, porque tal vez no contribuya precisamente al entendimiento
total. Creo que esta mañana y en este tema en la Comisión de Industria debería
haberse reeditado esa unidad que la mesa en defensa del sector naval gaditano
puso en valor hace unas pocas semanas.
Mi voto será favorable a la
transaccional, pero en el caso de Navantia creo que el grupo mayoritario que
apoya al Gobierno también ha presentado propuestas que deberían haber sido
tenidas en cuenta. Considero que esta exclusión de las propuestas del PP hace
trizas el buen clima creado en Cádiz en torno al futuro de Navantia. Cuando
España está pendiente de rematar un buen contrato con otros países, lo bueno
hubiese sido llevar entre los papeles del contrato que en este país hay unidad política
en un asunto del que dependen miles de familias.
Muchas gracias.