Congreso de los Diputados
Comisión de Industria, Energía y Turismo
Martes, 29 de marzo de 2016
Proposición no de Ley -SOBRE ACTUACIONES PARA EVITAR EL CIERRE DE LA MINA DE AGUABLANCA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como recordó la diputada doña Marisol
Pérez, a principios del pasado mes de febrero la empresa Río Narcea
Recursos, S.A. anunció de forma sorprendente e inesperada el cierre de la mina
de Aguablanca que lleva explotando desde hace más de una década, concretamente
desde 2004. La clausura de esta explotación de níquel y cobre supone destruir
una fuente de empleo que afecta a 168 trabajadores de forma directa y a otros
200 de forma indirecta, a través de subcontratas. Además, esto no
repercute solo en el empleo extremeño de
Monesterio, porque de hecho hay un porcentaje muy amplio de trabajadores que
viven en el Real de la Jara, en Sevilla, en Cala y en Santa Olalla de Cala, en
Huelva.
Llama la atención que el pasado año,
ante el agotamiento de la producción a cielo abierto, esta empresa minera
presentase una proyecto para seguir extrayendo recursos minerales a través de
galerías subterráneas, llegando a solicitar permisos para abrir un nuevo frente
y ampliar la explotación al menos hasta el año 2018. De ahí que nada hiciera
presagiar esta decisión, que es claramente lesiva para la economía de la zona y
un desprecio a los intereses españoles. Estamos ante el caso palmario de una
empresa adquirida en 2007 por la corporación canadiense Lundin Mining, que
tiene su centro de actuación fuera de España, y que mira exclusivamente por sus
intereses económicos, sin tener en cuenta los calamitosos efectos sociales que
su decisión tiene para centenares de familias. No está de más señalar que Río
Narcea Recursos, pese a la crisis económica de estos pasados años, está muy
bien posicionada entre las empresas españolas. Por tanto, una multinacional que
ofrece sustanciosos beneficios globales y locales no debería escudarse
solamente en los datos de cotización
actualizados del níquel, que han bajado, sino que antes de tomar una decisión
de cierre, con los traumáticos efectos que esto conlleva, la corporación
canadiense debería tener en cuenta que durante todos estos años pasados la
explotación minera dio beneficios netos en Aguablanca, y que los dio de forma
cuantiosa.
Me parece que esta proposición no de
ley es una medida necesaria, pero que no puede ser la única. También el
Gobierno extremeño tiene que implicarse al máximo. De hecho, aparte de sus
propias iniciativas recibió un mandato unánime del Parlamento autonómico en
forma de declaración institucional, y doy por supuesto, a la vista de las
declaraciones del señor Fernández Vara y de doña Susana Díaz Pacheco, que en
colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía se están buscando alternativas para que otras empresas mineras
puedan retomar la actividad extractiva de la mina de Aguablanca y evitar el
desastre económico y social para toda la comarca, máxime cuando la propia Junta de
Extremadura dispone de un informe que acredita la rentabilidad presente y
futura de la explotación.
Finalmente, señora presidenta, quiera
hacer uso de esta importante tribuna parlamentaria para hacer un llamamiento a
la responsabilidad social de la corporación canadiense Lundin Mining, que
además de en España opera en otros siete países del mundo. Esta es una compañía
que se postula a sí misma como promotora de un flujo constante de oportunidades
de desarrollo, además de definirse como ética y transparente. No parece que las
circunstancias que rodean el cierre de la mina de Aguablanca puedan computar en
el buen crédito de esta compañía. Por eso creo que es oportuno apelar a sus
responsables para que, en coherencia con sus propios compromisos y su decálogo
de responsabilidad social, no abandonen una explotación minera que contiene
recursos, que tiene futuro y que, sobre todo, es el sustento de centenares de
familias.
Mi voto será favorable a la
transaccional que se está negociando.
