MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
DESARROLLAR UN PROTOCOLO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR POR
ORIENTACIÓN SEXUAL.
(Núm. exp. 662/000014)
AUTOR: GPMX
El
señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): (…) Para
la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene
la palabra la senadora Domínguez de Posada.
La señora
DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.
Señorías,
debatimos una moción sobre el acoso escolar por motivos de identidad de género.
El texto parte de la Ley Orgánica 8/2015 para la protección de la infancia y de
la adolescencia, ley que no está referida al ámbito escolar o educativo sino
que se refiere en general al menor dentro de la sociedad. Las disposiciones
básicas desde las que abordar el tratamiento jurídico de este fenómeno las
encontramos en la Convención sobre los Derechos del Niños, donde se consagra la
especial protección del niño frente a toda clase de maltrato, en nuestra
Constitución y en la legislación educativa, además de en la Ley Orgánica de
responsabilidad penal del menor.
El acoso escolar
atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales del niño. La Sentencia
del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de junio, declara que el artículo
10.1 de la Constitución implica que la dignidad ha de permanecer inalterada
cualquiera que sea la situación en la que la persona se encuentre,
constituyendo un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar.
Técnicamente, esta
moción es un totum revolutum donde se mezcla el Ministerio de Educación,
las comunidades autónomas, el Consejo Escolar del Estado, las AMPA y los
partidos políticos. Hay que tener en cuenta que las leyes orgánicas deben ser
desarrolladas por las comunidades autónomas y no por el Consejo Escolar del
Estado, que es un órgano consultivo y participativo de la sociedad y en ningún
caso un órgano legislativo ni ejecutivo. Creo que quedan claras las
disfunciones del texto y que serán las comunidades autónomas las que deban
desarrollar el asunto del acoso escolar en el ámbito de la Conferencia
Sectorial de Educación, con el liderazgo del Ministerio de Educación. Es
curioso comprobar como casi todas las comunidades autónomas –desde luego, la
catalana− ya tienen desarrollado un protocolo de actuación.
En cuanto a
contemplar exclusivamente el acoso escolar por orientación sexual o identidad
de género, hay que preguntarse por qué cuando lo cierto es que hay suicidios
por diversas causas en todo el territorio nacional. En los últimos años ha
habido un repunte: en 2009 los suicidios ascendieron a 154 y en 2015, a 573. Es
evidente que hay que proteger a los menores del acoso, pero no de un tipo de
acoso sino de todos los acosos. El Ministerio trabaja ya en un registro de
casos de acoso escolar y otros episodios de violencia en las aulas, incluido un
plan de convivencia escolar con una batería de medidas entre las que se
encuentra la formación específica de profesores y una guía de actuación para
los padres. Es evidente que la convivencia en las aulas se soluciona con
intervención, trabajando con el acosador para que aprenda a relacionarse y
trabajando con la víctima para reforzarle.
El
señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, tiene que terminar.
La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA
PUERTAS: Voy terminando.
En base a todo lo expuesto y muy
resumido debido a la falta de tiempo, diré que ese es el motivo de que hayamos
presentado la demanda de sustitución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz
Alonso): Gracias, senadora Domínguez de Posada.
